Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Judiciaria de Portugal y bajo la coordinación de EUROPOL y EUROJUST, han desarticulado una organización criminal que, presuntamente, introducía trabajadores extranjeros en España mediante documentación falsa, en una operación en la que han participado la inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Centro Especializado de Combate al Tráfico de Migrantes y Trata de Personas, con sede en Brasil. La red criminal habría contratado a más de 1.000 trabajadores extranjeros, principalmente de Colombia y Perú, a quienes ofrecían falsas oportunidades laborales como soldadores en Portugal. Las víctimas abonaban hasta 300 euros por trámites que, en muchos casos, no se materializaban, carecían de cobertura en la Seguridad Social y trabajaban sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que provocó accidentes laborales. Finalmente, la actuación policial desarrollada de forma coordinada en ambos países, ha permitido la detención de cinco personas en la provincia de Barcelona, de las que dos se encuentran en prisión provisional.
Los trabajadores eran engañados, desprotegidos y en algunos casos víctimas de accidentes laborales
La investigación policial se inició en mayo de 2025 cuando se detectaron varias empresas portuguesas en España que ofertaban, a empresas españolas del sector metalúrgico, personal de soldadores cualificados.
La organización estaba integrada mayoritariamente por ciudadanos brasileños y operaba entre España y Portugal. Su actividad consistía en captar trabajadores en países como Colombia y Perú, a quienes ofrecían empleo como soldadores en Portugal. Una vez aceptaban se trasladaban a España, donde se les indicaba que el trabajo finalmente se desarrollaría en nuestro país aunque serían dados de alta en la Seguridad Social portuguesa.
Los trabajadores, en muchos casos, firmaban contratos en portugués sin comprender su contenido y eran instruidos para simular ser turistas en el cruce de fronteras. Una vez en España les exigían pagos adicionales para gestionar documentación en Portugal que, en numerosas ocasiones, nunca llegaba a formalizarse, siendo ellos mismos quienes abonaban unas altas inexistentes en la Seguridad Social.
Para dar cobertura a estas actividades, la red creó una empresa en Sabadell (Barcelona) con el mismo nombre que una empresa mercantil portuguesa, lo que facilitaba la apariencia de legalidad. A través de estas empresas se subcontrataban servicios a compañías españolas del sector metalúrgico. Sin embargo, la documentación presentada era falsa, incluyendo certificados de desplazamiento, altas en la Seguridad Social portuguesa, tarjetas de residencia, cursos de formación y reconocimientos médicos.
Las pesquisas policiales han revelado que las empresas implicadas incumplían sistemáticamente la normativa laboral, especialmente en lo relativo a convenios colectivos del sector metalúrgico. Además, no se proporcionaban equipos de protección individual, lo que derivó en accidentes laborales entre algunos trabajadores.
